Cuando la justicia se detiene, el costo lo pagamos todos

Por Jonathan Baró Gutiérrez

Procurador general de Corte de Apelación

Una práctica que se ha normalizado

En la República Dominicana, la frase «audiencia suspendida» se ha convertido en parte habitual del guion judicial. Ocurre por razones tan variadas como la ausencia de un testigo, la falta de notificación a una víctima, la coincidencia de otro compromiso para un abogado o la imposibilidad de trasladar a un interno.

Para algunos, es apenas un trámite pospuesto; pero tras esas dos palabras se esconde un costo mucho más alto de lo que parece. Ese costo se mide en dinero, en tiempo institucional perdido y en el desgaste de la confianza ciudadana. Una audiencia es una cita con la verdad; suspenderla es interrumpir ese camino, detener el reloj de la justicia y desperdiciar recursos que difícilmente se recuperan.

El costo económico

Poner en marcha una audiencia activa una maquinaria compleja que moviliza a distintos actores y recursos. Este es un cálculo aproximado:

 

Concepto	Costo (RD$)
Juez o jueza	1,090
Fiscal	781
Defensor público	557
Personal de secretaría	273
Custodia judicial	159
Dos policías para seguridad	284
Alguacil	164
Transporte imputado privado de libertad	500
Materiales gastables	150
Otros costos indirectos (notificaciones, impresión, digitalización, etc.)	2,542
Subtotal audiencia	6,500
Consumo eléctrico	100
Precio de cita o compromiso perdido	70
Total por audiencia	6,670

 

Si la misma audiencia se suspende en cuatro ocasiones, el gasto acumulado asciende a 26,680 pesos. Es dinero público destinado a un acto procesal que no genera ningún avance y que agota recursos que podrían invertirse en resolver otros casos.

El costo humano

Más allá de las cifras, la consecuencia más profunda recae sobre las personas. Cada suspensión significa para la víctima perder horas —a veces un día completo— de trabajo, esperar en pasillos abarrotados y, en muchos casos, revivir el hecho que originó su denuncia. Con el tiempo, este desgaste mina su voluntad de continuar y abre la puerta a la impunidad.

El imputado, si está en libertad, también ve alterada su rutina para presentarse en un proceso que no avanza. El mensaje implícito es peligroso: que el tiempo en justicia no es urgente.

«En justicia, el tiempo no es neutral: o acerca la verdad o prolonga la impunidad».

Un problema que exige acción

Este no es un tema invisible para quienes integran el sistema de justicia. Jueces, fiscales y defensores públicos han manifestado su preocupación y trabajan en buscar alternativas para reducir al mínimo las suspensiones innecesarias. Saben que cada audiencia que no se celebra es un golpe al erario, a la credibilidad institucional y a la experiencia de quienes esperan justicia.

Conclusión

Una audiencia suspendida no es un trámite inofensivo: es dinero público que se pierde, tiempo institucional que no regresa y un golpe directo a la confianza en la justicia.

Por eso, jueces, fiscales, defensores y demás actores del sistema deben cerrar filas contra las suspensiones injustificadas. Cada audiencia frustrada retrasa la verdad, prolonga el dolor de las víctimas y fortalece la impunidad.

La justicia se mide en sentencias, sí, pero también en la rapidez con la que se dicta y en el costo que genera cuando se retrasa. Porque cuando el reloj judicial se detiene, la verdad se enfría, la esperanza se apaga y el sistema pierde no solo casos: pierde el sentido mismo de su existencia.