Cuando la justicia se detiene, el costo lo pagamos todos Por Jonathan Baró Gutiérrez Procurador general de Corte de Apelación Una práctica que se ha normalizado En la República Dominicana, la frase «audiencia suspendida» se ha convertido en parte habitual del guion judicial. Ocurre por razones tan variadas como la ausencia de un testigo, la falta de notificación a una víctima, la coincidencia de otro compromiso para un abogado o la imposibilidad de trasladar a un interno. Para algunos, es apenas un trámite pospuesto; pero tras esas dos palabras se esconde un costo mucho más alto de lo que parece. Ese costo se mide en dinero, en tiempo institucional perdido y en el desgaste de la confianza ciudadana. Una audiencia es una cita con la verdad; suspenderla es interrumpir ese camino, detener el reloj de la justicia y desperdiciar recursos que difícilmente se recuperan. El costo económico Poner en marcha una audiencia activa una maquinaria compleja que moviliza a distin...