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Propuesta de candidatura al Consejo Superior del Ministerio Público
Candidato propuesto: Manuel Randolfo Acosta Castillo,
Fiscal Adjunto del Distrito Nacional.
Propuestas institucionales:
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Preámbulo.
La constitución dominicana actual ha depositado una gran responsabilidad sobre los hombros de quienes ostentamos la función de fiscal, ha establecido que somos los directores y guías del sistema de consecuencias y de control social sobre las personas cuyas conductas lesionan gravemente los bienes jurídicos que son considerados más valiosos para nuestra sociedad, es decir, directores de la persecución penal. En otras palabras, en nuestras manos se encuentra la facultad de investigar, acusar y pedir sanciones penales en contra de las personas.
Hoy nuestra sociedad reclama un sistema de consecuencias donde no haya impunidad frente al delito y el crimen, un sistema capaz de tener respuesta efectiva y eficaz frente al homicidio, asesinato, al tráfico de drogas de gran escala, el lavado de activos, a la corrupción administrativa, a la explotación y trata de personas, entre otros; respuestas que deberán producirse respetando la Constitución y la ley, profesándole un trato digno a todos los usuarios. Esto sólo se logra, profesionalizando, tecnificando, institucionalizando cuerpos como el Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público que resulte electo tendrá el honor de hacer lo necesario para alcanzar los objetivos esperados por los ciudadanos dominicanos de parte de nuestra institución, o tendrá el deshonor de no haberlo hecho teniendo todas las herramientas en sus manos.
En lo adelante expondremos de manera breve y sucinta las cuestiones elementales que propondremos ante el Consejo Superior del Ministerio Público, en caso de resultar electo miembro de dicho órgano máximo de dirección.
Propuestas específicas
1. Ajustar y establecer la escala de remuneraciones y viáticos de los representantes del Ministerio Público y de los funcionarios y empleados que dependen del mismo. Proveer a las fiscalías de los recursos necesarios para un buen ejercicio de la función.
En la actualidad urge que los fiscales sean bien remunerados, ya que las actuales retribuciones no se ajustan a los niveles de salarios que existen en el ámbito del sistema de justicia, ni a los niveles de riesgo que implica la función por la peligrosidad y la naturaleza de la misma. También la gran responsabilidad que recae en los fiscales en el desempeño de su labor, es otra de las razones que hacen necesaria la existencia un sueldo justo y adecuado.
En igual circunstancias se encuentran nuestros empleados y funcionarios administrativos, donde podemos encontrar realidades ilógicas como que un asistente de un fiscal con grado universitario tiene la misma remuneración que un empleado que se desempeña como conserje o como chófer. Plantearemos el establecimiento de criterios objetivos para regular los salarios de los empleados que logren incentivar y generar en ellos una actitud que mejore la calidad del servicio ante el ciudadano.
Por otra parte, propugnaremos porque existan activos a disposición de los fiscales y de los servicios que brindan las fiscalías para llevar a cabo su trabajo, como los son medios de transporte, facilidades de combustible, de comunicación, equipos de informática, y demás recursos materiales.
2. Crear programas de acceso a beneficios. Vivienda digna, seguro de vida, bono navideño, vacaciones, seguridad personal y otros, establecidos en los art. 75, 77, 79 y 80 la ley No. 78-03.
Desde la promulgación de la ley No.78 del año 2003, los fiscales tenemos una serie de derechos que hasta la fecha no se han podido ejecutar, proponemos que dentro del próximo presupuesto que deberá aprobar el Consejo Superior del Ministerio Público sean contempladas las partidas correspondientes para poder dar cumplimiento a las disposiciones legales que se encuentran vigentes, que establecen derechos a favor de los miembros del Ministerio Público. De igual manera, se impone que dentro del ambiente laboral los fiscales cuenten con niveles de seguridad que impidan incidentes que puedan poner en riesgo su integridad física, por ejemplo, muchas veces vemos fiscales litigando casos en donde se encuentran a espaldas de los parientes de los imputados sin ningún tipo de protección, en lugares con espacios muy reducidos, entre otras cosas; también se hace necesario ofrecer seguridad a aquellos que son objeto de amenazas y situaciones de riesgo.
3. Se hace necesario y urgente regular los movimientos y ascensos internos en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio.
En la actualidad existe una gran cantidad de fiscalizadores en función de fiscales que no son remunerados conforme a la labor que se encuentran realizando, propondremos al Consejo la solución de este gran problema y la consecuente regularización de los salarios de estos fiscales. Los ascensos deben obedecer a criterios objetivos, no arbitrarios, para poder incentivar y alentar a los fiscales, logrando mayor rendimiento, desempeño y efectividad en el abordaje de los casos, ya que se sentirían motivados a mejorar sus prácticas al ser bien remunerados.
De igual manera, abogaremos por una organización y distribución idónea del trabajo entre los fiscales, para poder dar respuesta efectiva a la demanda del servicio, debiendo existir un sistema de consecuencias activo para quien no realice su trabajo y cometa faltas en el ejercicio de sus funciones. También deben existir programas de incentivos y premiación para estimular la excelencia en el desempeño de la función. Creemos que una institución la hace su gente, si quienes la componen no son bien tratados, lamentablemente, nos arriesgamos a que los usuarios reciban lo mismo.
4. Democratización y asignación de forma estratégica de la capacitación continua y cursos internacionales.
La capacitación continua de los fiscales debe estar orientada a resolver las necesidades que sean identificadas en el desempeño de los fiscales que se encuentran en el ejercicio de su función, es decir, la realidad. Así como también, por los estándares de capacitación que requiera cada nivel o jerarquía que ostenta el fiscal.
Promoveremos la existencia de una asignación estratégica y en igualdad de oportunidades de las capacitaciones que sean especializadas, ya que no es racional convocar a un fiscal a una capacitación sobre X cuando la función de ese fiscal incide sobre el tema Y, es decir, tienen que existir criterios de selección que obedezcan a objetivos claros que persigan modificar alguna realidad de manera positiva e ir solucionando las necesidades de capacitación en las personas que puedan luego provocar algún resultado en el ejercicio de su función. La capacitación debe tener un impacto en la realidad que erradique la deficiencia detectada o mejore las prácticas de las personas a quienes va dirigida.
En el caso de las oportunidades de capacitación a nivel internacional, no existe un sistema de acceso vía concurso o algún otro mecanismo institucional que haga llegar este tipo de capacitación a muchos fiscales. En tal sentido, apoyaremos la existencia de criterios racionales y objetivos en la asignación de estas actividades, ya que es necesario que quienes tengan acceso a las mismas sea el personal que va a poner en práctica las competencias adquiridas en dichos programas de capacitación.
5. Respeto al derecho de defensa y al debido proceso en los casos de procedimientos sobre faltas disciplinarias. Diferenciar entre acción disciplinaria y acción penal.
Se hace necesario que al momento de activar la acción por faltas disciplinarias exista la oportunidad de defensa para los fiscales, ya que se producen situaciones en las que se ha procedido en contra de un representante del Ministerio Público sin antes ser escuchado, ni haber ofrecido respuesta con relación a la denuncia o actuación de oficio por este tipo de faltas. Por igual, debe establecerse claramente la frontera que existe entre una falta disciplinaria y la acción penal, en caso de que un fiscal cometa delito o crimen, los procedimientos son diferentes.
6. Crear y capacitar un cuerpo técnico de investigación que tengan capacidad para llevar a cabo su labor de manera profesional, que comprendan su rol en la investigación penal y que se encuentren sensibilizados e identificados con su función.
El fiscal debe contar con técnicos investigadores que tengan una visión clara de cual es el trabajo que le compete y que sean un cuerpo adiestrado y capacitado en esa función específica. Por igual, tanto el fiscal como el auxiliar investigador deben contar con las herramientas y la logística que implica generar diligencias dentro de una investigación penal que posibilite recabar información de manera oportuna, eficiente y legal, lo que significa recursos materiales y humanos.
7. Crear una base de datos sistematizada, con la información que poseen las instituciones del Estado con fines de investigación penal.
El fiscal, en el ejercicio de su rol de director funcional de la investigación penal, debe tener acceso a las informaciones pertinentes, que lo guíen a reconstruir el hecho que investiga de manera oportuna, lo que en algunos casos puede salvar vidas, preservar la integridad física de personas y proteger propiedades.
Finalmente, en un mundo donde la criminalidad tiene a su disposición grandes cantidades de recursos económicos, tecnológicos, logísticos, etc., es decir, poder, no es posible que quien se encuentra encargado de perseguir los delitos y crímenes tenga que esperar tres meses por un trámite burocrático para obtener una información que debe estar a su disposición en segundos.Si queremos ser efectivos y eficaces en el desempeño de nuestro rol, la información debe estar disponible sin demora alguna para poder dar las respuestas que ameriten los casos investigados. El fiscal debe tener acceso a las informaciones de todas las instituciones del Estado, bajo los protocolos o reglas que se determine.
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