Tráfico de órganos y pánico colectivo: la verdad detrás del rumor
Autor: Jonathan Baró Gutiérrez
Miembro del Ministerio Público
Hay
momentos en que uno percibe que el país entra en una especie de estado de
alerta silenciosa. No lo anuncia ninguna autoridad ni aparece en los titulares
principales, pero se siente. Empiezan a circular audios, casi siempre con
urgencia. Cambia el tono de las conversaciones. Las madres preguntan más. Los
vecinos se observan con desconfianza. Alguien advierte que «andan llevándose
niños». Nadie dice quién; en ocasiones no se precisa dónde, ni la identidad del
denunciante. Y, sin embargo, el miedo ya está instalado.
No es la
primera vez que ocurre. Cada cierto tiempo, la misma historia reaparece con
pequeñas variaciones, como si se tratara de un guion que se adapta a la época.
Antes era el rumor de barrio; hoy es el audio reenviado. Lo que no cambia es el
efecto: la angustia colectiva, la sospecha generalizada y la sensación de que
algo terrible está ocurriendo, aunque nadie pueda demostrarlo.
Vivimos en
tiempos donde la emoción se impone a los hechos. En esta era de la posverdad,
una historia bien contada, aunque sea falsa, puede parecer más real que la
realidad misma. Algo parecido ocurrió en 1938, cuando Orson Welles transmitió
por radio La guerra de los mundos. No era una invasión marciana, pero muchos lo
creyeron. No por ingenuidad, sino porque la narración tenía forma de noticia y
nadie se detuvo a verificarla. Hoy, ochenta y siete años después, no
necesitamos una radio nacional: basta un teléfono y un botón de reenviar.
Esto no
implica que hayan sido ni que vayan a ser víctimas de tráfico de órganos. Sería
un acto de profunda irresponsabilidad afirmar que en la República Dominicana no
desaparecen niños. Esa es una verdad dolorosa. Muchos de esos menores son
encontrados con vida, gracias al trabajo de las autoridades y a la presión
social que moviliza búsquedas urgentes. Otros, lamentablemente, no corren la
misma suerte: terminan siendo víctimas de homicidios atroces, cometidos por
individuos que deben responder ante la justicia sin contemplaciones, o
simplemente nunca aparecen.
A esa
realidad se suman otras formas de violencia que no siempre reciben la misma
atención mediática: niños que aparecen agredidos sexualmente, menores heridos,
golpeados, explotados o marcados por abusos que dejan secuelas físicas y
emocionales difíciles de reparar. Esto ocurre y duele.
Según
cifras oficiales, entre 2017 y 2024 se reportaron más de 1,700 desapariciones
en la República Dominicana, una cifra que no incluye todos los casos no
denunciados y que evidencia la magnitud del problema real que enfrentan
familias y autoridades. Sin embargo, ningún registro oficial respalda la
narrativa de redes que asocia esas desapariciones con supuestas redes de
tráfico de órganos.
Hay un dato
que incomoda, pero que no puede seguir esquivándose: en muchos de estos casos,
las agresiones contra niños no provienen de extraños, ni de figuras misteriosas
que acechan desde la calle, sino del propio entorno familiar o de personas
cercanas, de aquellos espacios donde el menor debería estar más seguro. Esa
realidad obliga a mirar hacia adentro, no solo hacia afuera, y a entender que
el peligro muchas veces no llega disfrazado de desconocido, sino de confianza.
Una cosa es
reconocer esas tragedias reales y otra muy distinta es permitir que se instale,
sin pruebas, la narrativa de supuestas redes dedicadas a secuestrar niños para
extraerles órganos. En ese punto, los hechos son claros: no existen
investigaciones concluidas, acusaciones formales ni sentencias en la República
Dominicana, al menos en los últimos veintidós años, que confirmen esa práctica.
El rumor insiste. La evidencia no aparece.
Decir esto
no implica negar el delito. El tráfico ilícito de órganos sí existe y
constituye una de las formas más graves de trata de personas, también
reconocida y sancionada en la República Dominicana. Es una modalidad que se
aprovecha de la pobreza, del engaño y de la desesperación humana.
Lo que no existe es la versión
cinematográfica del delito, en la República Dominicana. Esa que el imaginario
colectivo ha construido a partir de películas como Taken o Tráfico Humano,
donde redes omnipotentes secuestran personas al azar, operan con total
impunidad y actúan a plena luz del día. El cine necesita exagerar para
impactar; la realidad, en cambio, suele ser más silenciosa, más burocrática y,
precisamente por eso, más difícil de detectar.
No hay niños raptados en las
calles de nuestro país para ese fin, ni vehículos recorriendo barrios en busca
de víctimas infantiles. Cuando este delito ocurre, lo hace de otra manera:
estructurada, encubierta, con intermediarios, documentos falsos y una apariencia
de legalidad cuidadosamente construida.
El caso de
Costa Rica ayuda a entenderlo mejor. Allí, la justicia logró desmantelar una
red dedicada a la trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos.
No fue una sospecha ni una denuncia aislada. Fue una investigación penal
extensa que terminó en condenas firmes, confirmadas por tribunales superiores.
Las
víctimas eran personas adultas, en situación de vulnerabilidad económica. No
fueron secuestradas. Fueron captadas mediante engaño y promesas de dinero. A
cambio de entregar un riñón, recibían pagos que oscilaban, según los casos
documentados, entre tres y diez millones de colones costarricenses,
equivalentes aproximadamente a cinco mil a veinte mil dólares estadounidenses.
Muchas de ellas jamás recibieron información clara sobre los riesgos médicos ni
sobre las consecuencias a largo plazo.
Para
ocultar el pago, se firmaban declaraciones juradas falsas, simulando donaciones
altruistas. Las cirugías se realizaban en clínicas privadas, con la
participación de profesionales de la salud que traicionaron su juramento. No
hubo niños secuestrados. Hubo pobreza, engaño y corrupción.
Los audios
alarmistas no protegen a los niños que desaparecen, ni a los que son abusados,
ni a los que resultan heridos por la violencia real. Generan pánico, erosionan
la confianza social y pueden provocar reacciones injustas contra personas
inocentes. Pero, sobre todo, desvían la atención de los verdaderos riesgos, de
las formas concretas en que la niñez es vulnerada y de las respuestas que sí
hacen falta.
Como
ocurrió con Orson Welles, el problema no fue solo la historia contada, sino la
ausencia de cuestionamiento. Cuando el miedo ocupa el lugar del análisis, la
mentira se instala con facilidad y termina haciendo más daño que aquello que
dice combatir.
He de
reconocer que el tráfico de órganos es una forma de trata de personas y que ha
ocurrido en otros países, con cifras y condenas comprobadas; no contradice
afirmar con firmeza que en la República Dominicana no existen pruebas de
secuestros de niños para esos fines. Ambas cosas pueden decirse al mismo
tiempo, con responsabilidad y sin estridencias.
Cuidar a nuestros niños exige vigilancia,
acompañamiento y responsabilidad, pero también cabeza fría y sentido crítico.
No podemos permitir que el miedo, alimentado por rumores, sustituya a la verdad
ni que la desinformación nos haga mirar en la dirección equivocada. Estar
atentos no significa vivir aterrados; significa actuar con información,
fortalecer los entornos familiares y comunitarios, denunciar a tiempo y no
bajar la guardia frente a las violencias reales que sí existen. La protección
de la niñez no se construye desde el pánico, sino desde la conciencia, la
prevención y la verdad.
