JONATHAN BARÓ
AL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO
(2020-2023).
POR LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CARRERA
El magistrado es egresado cum laude de la carrera Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 2004.
Su ingreso
al Ministerio Público se realizó luego de participar en el primer concurso de
oposición para fiscalizadores en el año 2005. Posterior a eso, en 2006, fue
designado fiscalizador en la fiscalía de la Provincia Dajabón.
En 2007 fue
ascendido a procurador Fiscal Adjunto y trasladado a la Fiscalía del Distrito
Nacional, donde ocupó funciones en los departamentos de Falsificaciones,
Persecución de Drogas y en el de Delitos contra la Propiedad. Además, fue
director de las fiscalías barriales en la Zona Colonial, la Zona Universitaria
y el ensanche La Paz.
Luego en el 2012
fue designado como el primer Director del Departamento de Trata y Tráfico de
Personas del Distrito Nacional. El 1 de mayo de 2013 fue ascendido a Procurador
General de Corte de Apelación, y designado como primer Director de la
Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas, cargo desempeñado hasta el 14 de noviembre de 2017. Desde noviembre
2017 hasta 2018, fue asignado a la Procuraduría Regional de San Cristóbal como
responsable de litigar los casos de Ejecución de la Pena. Desde octubre de
2018, dirige la Procuraduría Regional de San Cristóbal.
Es coautor del estudio “Ministerio Público y la
persecución penal de trata y tráfico de personas en República Dominicana,
2010-2011,” también del libro “El delito de trata de personas”, 2013, coautor
de “Las políticas de persecución penal de los fenómenos criminales: tráfico
ilícito de migrantes y trata de personas”, que fueron aprobadas por el Consejo
Superior del Ministerio Público mediante la Resolución núm. 008 de 2015. Es
miembro del equipo encargado de la elaboración de los “Lineamientos operativos
de investigación de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 2017,
coautor del “Estudio del matrimonio infantil. Dimensión sustantiva en la
República Dominicana”, 2018, coautor “Biblioteca Básica del Juez de Paz”, 2019,
y miembro del equipo encargado de la creación e implementación del Tribunal de
Tratamiento de Drogas en la República Dominicana, entre otros.
Es especialista en trata de personas, tráfico ilícito
de migrantes, derechos humanos, y en tribunales de tratamiento de drogas.
Docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público desde el año 2007, y
Docente Adjunto en la Escuela Nacional de la Judicatura a partir del 2011,
responsable de varias asignaturas, a nivel de maestría en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, así como en el Instituto Superior de Defensa (INSUDE),
desde el 2013.
Como valor agregado ha sido disertante a nivel nacional e internacional sobre la trata de personas. Tiene dominio básico de los idiomas inglés, francés y creole. Ha realizado múltiples cursos a nivel nacional e internacional.
Dentro de nuestras propuestas están:
1) Aprobación del Reglamento del Fondo
de Retiro, Pensiones y Jubilaciones del Ministerio Público.
La Ley
Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 106, dispone la creación del
Fondo de Retiro para los miembros del Ministerio Público como incentivo para
promover la permanencia en el cargo y el retiro en condiciones de dignidad.
Sin embargo,
hasta la fecha no existe ningún reglamento que respalde la composición y
funcionamiento del indicado fondo. Se hace necesario un marco normativo a esos
fines que habilite los mecanismos para la administración del fondo, así como
las condiciones y el procedimiento para otorgar este beneficio. Por eso desea someter el proyecto de reglamento que creará el “Fondo de
Retiro, Pensiones y Jubilaciones para miembros del Ministerio Público”, una propuesta técnica, sostenible y realizable en la cual hemos trabajado
durante algunos años.
Para concretarlo y ponerlo en ejecución
contaremos con la asesoría de especialistas en el tema. Su propuesta contempla los
siguientes tipos de pensiones: pensión facultativa por antigüedad; obligatoria
por antigüedad de discapacidad, y pensión de sobrevivientes.
Es un abuso
supeditar el retiro voluntario a la edad y no a los años de servicio, tomando
en cuenta que la esperanza de vida en la República Dominicana es de 74.05 años
(las mujeres tienen un 77.3 y los hombres 71).
El doctor
Ramón Arístides Madera Arias, ex Procurador Adjunto, depositó una propuesta en
septiembre de 2016, ante el despacho del Procurador General de la República, la
que mejoraremos y debe servir de punto de partida para comenzar la discusión en
ese sentido.
Entonces
surge la interrogante: si me obligan a retirarme a los 65 años, ¿cuántos años
me restan de vida según nuestra esperanza de vida?, solo seis, los cuales serán
dedicados de manera segura a comprar medicamentos.
Una gran
cantidad de miembros del Ministerio Público tienen más de 20 años en la
administración pública y con 60 años de edad, o están próximos a cumplirlos,
algunos están enfermos. Proponemos a través del Consejo Superior del Ministerio
Público- solicitar el Poder Ejecutivo la pensión de dichos servidores públicos,
y el mantenimiento del seguro de salud.
2) Implementar políticas de persecución
penal, para focalizar la acción penal de manera estratégica en base a los
recursos con los que contamos y concentrarnos en los crímenes más lesivos para
obtener mejores resultados en la persecución.
Para poder
orientar los limitados recursos disponibles y realizar las tareas de
persecución penal, el Ministerio Público debe optimizar, de manera estratégica,
los resultados en base a la disponibilidad de materiales y de personal, siempre
enfocando nuestras acciones a los hechos de mayor lesividad contra las personas
y la sociedad; hechos propios de organizaciones criminales y procurar la
desarticulación de los mercados ilícitos que catalizan delitos menores.
Por ello proponemos la creación e implementación de políticas de
persecución penal por tipo de fenómeno criminal, tal y como lo hicimos cuando
nos tocó dirigir la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas, y de esta manera dar respuestas particularizadas
por tipos penales similares y orientadas por cuatro características básicas: a)
estratégica, abortando el sistema de procesamiento de caso a
caso, y focalizando la acción penal contra los delitos identificados como los
más graves en sus respectivos contextos; b) operativizada,
no se trata de planteamientos teóricos, sino de pura acción, enfocando cuáles
son nuestros objetivos y cómo los vamos a alcanzar; c) planificada,
con un proceso sencillo y lógico de análisis, diseño, ejecución y evaluación de
resultados; y d) autoevaluable, que produzcan datos
confiables que nos permitan autocriticar lo realizado para mejorar las
prácticas y obtener cada vez mejores resultados.
Desde la creación del CSMP solo se han aprobado “Las Políticas de
Persecución Penal de los Fenómenos Criminales: Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas”, del cual somos coautores en su diseño.
3) Transparentar las decisiones del Consejo Superior del Ministerio Público.
Desde la
creación del Consejo Superior del Ministerio Público, hemos exigido desde el
año 2012, a nivel público y los espacios en los cuales interactuamos, que haya
transparencia en las decisiones que se toman en el órgano de gobierno.
Nuestro
compromiso es que todos los miembros del Ministerio Público conozcan las
decisiones que se produzcan en el Consejo, ya sea que se publiquen en el sitio
web o de lo contrario de manera personal, las publicaremos en nuestras redes
sociales, y asumiremos todas las consecuencias. Cada decisión deberá contener
las opiniones de nuestros consejeros a favor o en contra.
4) Dotar de los
recursos suficientes a las Procuradurías Regionales y otras dependencias.
Las
Procuradurías Regionales tienen muchas responsabilidades, y salvo excepciones
los recursos económicos y logísticos para poder realizar de manera eficiente el
trabajo son escasos. Fondos operativos de 10, 15, 20 y 30 mil pesos para hacer
frente a los compromisos. Proponemos el aumento de los fondos económicos, y que
a cada Procuraduría Regional, se les provean los recursos suficientes, de
conformidad con sus obligaciones. Es necesario la asignación fondos destinados
para la investigación de casos, esto separado de los fondos operativos.
La creación
de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público en el año
2016, fue uno de los grandes aciertos del Ministerio Público, a través de la
cooperación del FBI fue esencial su puesta en funcionamiento e implementación
del programa de formación del personal que conforma actualmente la Unidad. Unos
41 profesionales, abogados, médicos, psicólogos y contadores, ingenieros
industriales y de informática. Necesitamos fortalecer dicha Unidad,
asignándoles más recursos logísticos y mejoramiento de las condiciones de sus
miembros. Consideramos como una
prioridad relanzar dicha unidad y sacarles el mayor provecho a estos agentes,
preparados para investigar los casos de criminalidad organizada.
5) Velar de manera activa por la real protección y
garantía del debido proceso en los casos de procedimientos sobre faltas
disciplinarias.
La garantía
y salvaguarda del debido proceso en materia disciplinaria, como en materia
penal, se hacen necesarias a fin de que ofrezcan la oportunidad al miembro de
la institución de responder respecto del hecho denunciado o actuación de oficio
por este tipo de faltas, siempre que resulta inconcebible que quienes estamos
llamados a respetar los derechos de personas imputadas penalmente, seamos los
primeros a los que nos sean violados derechos y garantías al momento de ser
objeto de una investigación por faltas en el ejercicio de su función. Es
necesario la modificación del reglamento disciplinario, a los fines de que a
través de este se respete el debido proceso. La inspectoría del Ministerio
Público debe ser reforzada con más personal y recursos.
6) Regular los movimientos y ascensos
internos de los miembros del Ministerio Público, en atención a los méritos,
evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio.
En un sistema de carrera los
movimientos y ascensos deben obedecer a criterios objetivos y necesidades del
servicio. De esta manera lograremos incentivar y alentar a los miembros del
Ministerio Público a la mejora continua, crecimiento profesional y a realizar
con mayor calidad su labor.
Hasta el
momento no se ha podido aplicar el Reglamento de carrera del Ministerio
Público, el cual contiene las bases, requisitos y condiciones de los ascensos,
designaciones y movimientos de carrera, teniendo como pilares la evaluación del
desempeño en el trabajo, los méritos profesionales y académicos, la
capacitación institucional y el tiempo en el servicio. Nos comprometemos a
velar por el fiel cumplimiento de manera objetiva del Reglamento de Carrera, y
que la evaluación del desempeño sea el resultado de la meritocracia.
7) Fortalecer la jurisdicción de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Una de las
dependencias del Ministerio Público que históricamente ha adolecido de recursos
logísticos y de personal suficiente es la jurisdicción de Niños, Niñas y
Adolescentes, sus integrantes realizan un trabajo titánico en cada provincia
del país. Es necesario proveerles los fondos necesarios para brindar mejores
servicios a una población extremadamente vulnerable, más vehículos, materiales
gastables, computadoras, personal administrativo, etc.
Si bien es
cierto que la ley Orgánica del Ministerio Público no se refiere a la
Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes como un órgano operativo ni
especial, sin embargo, sus miembros por la labor especializada que llevan a
cabo necesitan ser tratados de manera igualitaria que sus pares de las
fiscalías ordinarias.
Proponemos
como una manera justa que las personas que ostenten titularidades de NNA,
reciban los incentivos tal y como sucede con los fiscales ordinarios, en el
pasado hemos trabajado bastante con estos colegas, conocemos sus necesidades y
carencias, estamos dispuestos desde el CSMP, a canalizar de manera constante
las mejoras para todos sus miembros.
La mejor opción es Jonathan Baró
Durante el
tiempo que forma parte del Ministerio Público, me he caracterizado por aportar
al fortalecimiento de la Institucionalidad y de la Carrera del Ministerio
Público, desde las aulas, foros, reclamos a través de grupos organizados de
fiscales, con un trabajo ético, humano, responsable, apartidista, técnico y
profesional, siempre asumiendo las consecuencias de sus decisiones. El propósito
formar parte del CSMP, no es solo alcanzar una posición a nivel institucional,
sino poder contribuir a concretizar los beneficios que nos corresponden desde
la promulgación de la ley 78-03, y que luego fueron ampliados con la 133-11
(Bono vacacional, por desempeño, pago de vacaciones, y un salario competitivo).
Si bien es
cierto, que aspiramos en el reglón de Procuradores de Corte, el objetivo es
representar a cada uno de los miembros del Ministerio Público, desde los
Fiscalizadores, Procuradores Fiscales, Procuradores de Corte, Procuradores
Adjuntos, y personal administrativo.
“Por
la Institucionalidad y la Carrera”
Jonathan Baró
@jonathanbaro
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