No somos todos

Cuando la conducta individual no puede convertirse en condena colectiva
Por Jonathan Baró Gutiérrez

Miembro del Ministerio Público

En los últimos días, el debate público ha vuelto a colocarse sobre una línea conocida: la tendencia a convertir un hecho individual en una conclusión colectiva. Basta una conducta reprochable para que la sospecha se extienda sin matices y termine alcanzando a toda una institución. Ese reflejo, comprensible en lo emocional, resulta profundamente injusto. El Ministerio Público no es una entelequia ni un bloque uniforme; está integrado por más de mil servidores públicos que, cada día, sostienen la tarea de investigar, acusar y proteger víctimas con responsabilidad. Más de mil trayectorias distintas, más de mil historias que rara vez encuentran espacio en los titulares. Y, sin embargo, cuando uno falla, pareciera que todos quedan bajo el mismo juicio.

Sostenerlo no implica indulgencia. Quien incurra en un delito o en una falta disciplinaria debe ser investigado y sancionado con rigor, sin privilegios ni concesiones, pero siempre dentro del marco del debido proceso, porque la legalidad no puede defenderse al margen de la ley. Conviene decirlo sin rodeos: cuando un servidor público delinque, no estamos ante un error; la corrupción es una decisión consciente, fruto del dolo, incompatible con la función que se ejerce.

Hace pocos días, un abogado visitó mi despacho. Había sido fiscal en la década de los 2000, de los más respetados de su generación. En medio de la conversación, compartió una reflexión que resulta difícil ignorar: decidió abandonar la institución porque sus aspiraciones personales vinculadas a un estilo de vida determinado no eran compatibles con la función que desempeñaba. La afirmación no juzga; explica. ¿Puede un fiscal aspirar a una vida cómoda? Por supuesto. Nadie está llamado a la precariedad como requisito ético.

La mayoría de quienes integran el Ministerio Público proviene de entornos donde el progreso ha sido fruto del esfuerzo, y en ese contexto la acumulación de grandes riquezas no es lo habitual. Existen realidades distintas, sustentadas en ingresos legítimos o dinámicas familiares, que explican niveles de vida diferentes. Eso es válido. Lo que no lo es, es pretender sostener un estilo de vida que no guarda relación con los ingresos lícitos. Ahí comienza la ruptura. Por eso el mensaje es claro, aunque incómodo: el Ministerio Público no es un espacio para enriquecerse. Es una función de servicio. Quien no pueda convivir con esa realidad, lo que debe es tomar otro camino.

Lo más sencillo es hacer leña del árbol caído. Cuando un fiscal comete un delito o incurre en una falta disciplinaria, la vergüenza y la pena suelen confundirse, porque quienes asumen la función con rectitud y sienten la institución como propia no permanecen indiferentes ante ese tipo de hechos.

Algunos oportunistas aprovechan cualquier circunstancia para pescar en río revuelto y pretenden colocar a todos los fiscales dentro de un mismo saco. Se equivocan. No somos todos.

Preocupa la facilidad con la que algunos reclaman sanciones ejemplares desde una supuesta superioridad moral, levantando discursos de pureza que no siempre resisten el escrutinio. En los juicios que se libran en las redes sociales, pocas personas salen ilesas. Las redes no son un tribunal; son, muchas veces, la expresión inmediata del subconsciente colectivo, y este es, por naturaleza, irracional. Ahí no hay debido proceso, no hay matices, ni espacio para la prudencia.

Cuando la institución actúa frente a uno de sus miembros y, contando con elementos de prueba, lo somete a la justicia en procura de una sanción ejemplar, no muestra debilidad; demuestra fortaleza y reafirma que la ley no se negocia. Una actuación incorrecta tiene un efecto desproporcionado: opaca el trabajo de muchos, desplaza lo correcto y amplifica lo negativo. Es la lógica de nuestro tiempo.

No significa que dentro del Ministerio Público existan deidades superiores que puedan enrostrar virtudes éticas o morales. Sin embargo, la integridad, la credibilidad, la rectitud y una hoja limpia de escándalos valen más que cualquier riqueza mal habida. Cada actuación debe estar guiada por esos principios, con la conciencia de que siempre hay una familia, amigos y una sociedad que observan. No existe mayor recompensa que ser reconocido como una persona honesta, justa, competente, empática y, sobre todo, humana.

Uno de esos líderes poco comunes, recientemente fallecido, lo expresó con una claridad que no pierde vigencia. José Mujica advertía: «Veo demasiada gente desesperada, y sobre todo gente madura, por la multiplicación y la acumulación de la plata, como si fueran a acumular vida o se la van a llevar en el cajón». La reflexión no es ajena a nuestra realidad: cuando el afán de acumular desplaza los principios, el riesgo de desvío se vuelve inevitable.

La ética del Ministerio Público no se mide por el ruido de lo excepcional, sino por la consistencia de lo cotidiano: en cada expediente bien trabajado, en cada decisión adoptada con criterio, en cada actuación que respeta la ley incluso cuando no hay cámaras. Ahí reside su verdadera dimensión.

Investigar cuando corresponda, sancionar si procede y depurar lo necesario, pero sin extender la condena a todos por igual.

Quisiera terminar con la reflexión hecha por el autor Juan Pablo Nieto Mengotti, en su libro   «Elogio de los abogados escrito por un fiscal»: «Solo quien haya sido servidor público conoce la tranquilidad de conciencia del fiscal cuando termina un caso. Ya lo ha hecho todo, ha cumplido. El fiscal recoge sus cosas al terminar el juicio y vuelve a la fiscalía. Si se cruza con un compañero, este pregunta cómo ha ido; se le contesta que bien y un rápido comentario sobre alguna circunstancia periférica, poco más; deja su toga en un armario, apaga el ordenador y se va a casa. Al salir a la calle, todo está claro y la mínima brisa en el rostro es un gran placer. Se nota el cansancio muscular en los órganos donde reside el pensamiento, pero también una gran descarga de energía. Esto se llama tener la conciencia tranquila.» Y aunque no aparezca en los titulares, ese es el rostro del Ministerio Público en la República Dominicana.