La denuncia y la querella en las acciones por delitos tributarios

 

 

Acción en materia penal. Cuando ocurre un hecho que es contrario a la ley, surge la posibilidad de ser perseguido por el afectado o el Ministerio Público, es decir, apoderar al sistema de justicia para que le pueda dar respuesta en el sistema de justicia.

De conformidad con el artículo 29 del Código Procesal Penal (2004), “la acción penal es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio corresponde al ministerio público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima”.

Cuando la acción en de carácter pública, quien asume en principio su ejercicio es el Ministerio Público, sin embargo, la parte afectada puede intervenir. En caso de tratarse de una acción pública a instancia privada, En relación con los delitos de acción pública, pero perseguibles sólo a instancia privada, el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal sino hasta después de que quien tenga derecho a instar haya formulado la denuncia, en los casos de delitos tributarios, sería la Administración Tributaria u otra persona afectada.

En el presente trabajo abordaremos la querella y denuncia desde la Dirección General de Impuestos Internos, pero reconociendo que la Dirección General de Aduanas puede denunciar y querellarse en esta materia, tal y como lo disponen las disposiciones de los artículos 23, 382 al 395 de la Ley 168-21.

¿Qué es una denuncia?

El artículo 262 del Código Procesal Penal (CPP), la define como una facultad reconocida a “toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública, puede denunciarla ante el ministerio público, la policía o cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación”.

La denuncia tiene como finalidad que se inicie una investigación por parte del Ministerio Público. La misma puede ser interpuesta de forma verbal o escrita, incluso a través de la página de la Dirección General de Impuestos Internos, pero es preciso establecer un relato circunstanciado de los hechos, personas presuntamente responsables, elementos de prueba, etcétera.

El denunciante, ya sea la Administración Tributaria o un particular tienen la posibilidad de querellarse cuando avance el proceso. El denunciante no es parte del proceso penal, esto implica que no puede hacer valer sus pretensiones, por ejemplo: solicitar sanciones contra la persona que cometa un delito tributario.

¿Quiénes tienen la obligación de denunciar?

En principio denunciar no es una obligación, sin embargo, existen excepciones tal y como lo dispone el artículo 264 del CPP. - “Obligación de denunciar. Tienen obligación de denunciar acerca de todas las infracciones de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de éste, lleguen a su conocimiento: 1) Los funcionarios públicos; 2) Los médicos, farmacéuticos, enfermeros, y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas; 3) Los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de infracciones que afecten el patrimonio o ingresos públicos”. Además, el Código Tributario plantea la obligación de denunciar en el párrafo del artículo 52, que establece que “Párrafo I. Los funcionarios y autoridades, además, deberán informar a la Administración Tributaria, en el más breve plazo, de los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones y que puedan entrañar infracciones a las normas tributarias.

 Esta misma obligación de denunciar las infracciones tributarias pesa sobre todos los funcionarios de la propia Administración Tributaria”.

¿Quién tiene calidad para denunciar ante un delito tributario?

La Administración Tributaria, como nos plantea Barnichta (2011) “cuenta con “personalidad jurídica propia”, para poder demandar y defenderse en justicia, sin necesidad de recurrir y/o depender de la Ley No. 1486, del año 1938, sobre Representación del Estado en los Actos Jurídicos y para la Defensa en Justicia de sus Intereses.” Además, agregamos que los particulares que son afectados por delitos tributarios pueden denunciar ante la Dirección General de Impuestos Internos o el Ministerio Público.

¿Qué es una querella?

De conformidad con el artículo 267 del CPP “es el acto por el cual las personas autorizadas por el código promueven el proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el ministerio público. El querellante puede hacerse representar por mandatario con poder especial debidamente legalizado por notario público”.

Los requisitos para querellarse a diferencia de la renuncia son más formales, se exige que sea por escrito ante el Ministerio Público y debe contener los siguientes datos como lo establece el artículo 268 del CPP:

1) Los datos generales de identidad del querellante;

 2) La denominación social, el domicilio y los datos personales de su representante legal, para el caso de las personas jurídicas;

3) El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la identificación de los autores, cómplices, perjudicados y testigos;

4) El detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra.

El querellante es parte en el proceso penal, esto implica que puede exigir condena

¿Puede la Administración Tributaria constituirse como parte civil?

No existe ningún obstáculo para que la Administración Tributaria en un caso de Delito Tributario se constituya como parte civil, esto implica que tiene posibilidad de exigir un resarcimiento por los daños provocados por la persona o personas que cometan el ilícito contra el fisco.

Rol del Ministerio Público en la persecución de los delitos tributarios

La Constitución Dominicana (2010) define al Ministerio Público como “el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”.

 

La Ley Orgánica del Ministerio Público (2011) establece que éste es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles. Para garantizar su eficacia y vinculación, las políticas preventivas y de control serán articuladas bajo la responsabilidad directa del Procurador General de la República en colaboración con los otros órganos e instituciones que corresponda. Las políticas de gestión y persecución serán adoptadas exclusivamente por el Consejo Superior del Ministerio Público para garantizar la autonomía funcional que dispone la Constitución.

 

No existe una política de persecución penal en el ámbito tributario, de infracciones y delitos que conlleven sanciones para procurar el cumplimiento tributario, ya que en ciertos casos la administración tributaria considera que basta con el pago de los tributos dejados de pagar, ya sea el doble o triple, para que esto represente una advertencia a los demás contribuyentes de persuadirlos de no delinquir. Sin embargo, de manera concomitante los contribuyentes que cometen delitos, también incurren en otros tipos penales como: Falsificación, Uso de documentos falsos, Estafa, Lavado de Activos, etcétera.

Dado la necesidad de eficientizar la persecución y sanción de los delitos tributarios, el 16 de abril de 2021, el Consejo Superior del Ministerio Público, mediante la Tercera Resolución de la Novena Sesión dispuso la creación de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, adscrita a la Dirección General de Persecución, como órgano operativo eficiente y con estricto apego a la independencia del Ministerio Público. En esta unidad los particulares pueden interponer denuncias y querellas por delitos tributarios.

Procedimiento ante el Ministerio Público

​Denuncia y/o querella de parte de terceros afectados; depositadas directamente en la Unidad de Investigaciones de Delitos Tributarios o remitidas desde las fiscalías a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Dentro de los 3 días laborables siguientes a la entrada del caso, el fiscal coordinador procederá a la verificación del caso entrante respecto de los vinculados, afectados y beneficiados, su depuración en el Sistema de Investigación Criminal (SIC), tipo de esquema del que se trata, así como los tipos penales ordinarios conexos; procediendo a indicar las actuaciones iniciales a ser ejecutadas, designando la(s) persona(s) responsable(s) a estos fines.

Dentro de las actuaciones iniciales a ser ejecutadas, sin ser limitativas, estarán incluidas:

​Solicitud a la Cámara de Comercio y Producción (CC) correspondiente según el domicilio de las empresas involucradas, de copias certificadas del registro mercantil de estas, además de los documentos societarios de constitución y actas de asambleas registradas.

​Solicitud a la Dirección General de Aduanas (DGA) de certificaciones donde consigne la autorización o no para la actividad de importación de las personas físicas y jurídicas involucradas, el desglose de la mercancía importada y la constancia de pagos de los impuestos correspondientes establecidos para dicha actividad; así como las personas responsables de las gestiones de importación ante la institución, desde el año correspondiente al período fiscal investigado, hasta la fecha.

 ​Solicitud al Ministerio de Trabajo (MT) de copias certificadas del desglose de las Planillas de Personal Fijo DGT-3 de las empresas involucradas registradas desde el año correspondiente al período fiscal investigado, hasta la fecha.

 ​Solicitud a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de certificaciones donde consigne el registro o no como empleador o empleado, el detalle de los aportes realizados en su calidad de empleado o empleador, el desglose de los empleados registrados y el histórico de aportes realizados, según está registrado en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), de las personas físicas y jurídicas involucradas, desde el año correspondiente al período fiscal investigado, hasta la fecha.

Las solicitudes a ser realizadas a DGII, dependerán del tipo de esquema de defraudación del que se trata, tipos penales tipificados, así como la forma de comisión de los ilícitos. ​Estatus de deuda, Obligaciones tributarias, ​Resoluciones de determinación tributaria y de reconsideración.

​Beneficiarios finales, ​Representantes y/o asesores, Correos electrónicos vinculados.

 Bibliografía

·         Barnichta, Edgar. Derecho Tributario, Sustantivo y Administrativo, Tomo II, 2011, República Dominicana, Editora Centenario.

Leyes

·         Ley 76-02, Código Procesal Penal Dominicano, del año 2002.

·         Ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana, del año 1992.

Delitos tributarios y faltas tributarias

 

Concepto de Infracción Tributaria

El artículo 197 del Código Tributario, en adelante CT (1992), define lo que se entiende como infracción como “toda forma de incumplimiento de obligaciones tributarias tipificada y sancionada con arreglo a lo dispuesto en este Código.” De igual forma el artículo 246 del citado Código considera que “Constituyen infracciones tributarias las diversas formas de incumplimiento a las disposiciones de este Código y de las leyes especiales tributarias, tipificadas en el mismo y sancionadas en tal carácter por la Administración Tributaria y los Tribunales competentes.”

Según Barnichta (2011) para que se pueda configurar la infracción tributaria deben estar presente tres elementos esenciales:

1)    “Para que exista infracción tributaria debe haber un incumplimiento a las disposiciones del Código Tributario o de las leyes especiales tributarias;

2)    Para que exista infracción tributaria la misma debe estar tipificada en el Código Tributario o en leyes tributarias; y

3)    Las infracciones tributarias pueden ser sancionadas por la Administración Tributaria y los tribunales competentes, según el tipo de infracción y sanción.”

De acuerdo a Barnichta (2011) “si bien el término infracción en derecho penal puede abarcar los conceptos de contravenciones y delitos, en el Derecho Tributario represivo el concepto infracción es utilizado como sinónimo de Falta o Contravención de las normas impositivas o ilícito tributario y por ende prestarse especial atención a esta distinción.

La infracción tributaria denominada Falta o Contravención consiste en el incumplimiento inexcusable de la obligación de pago o de los deberes formales tipificados en la ley. Del análisis de esta definición se colige que primero debe existir una obligación o deber a cargo de una persona, el sujeto pasivo, y luego un incumplimiento de ese deber u obligación, el cual acarrea una sanción. Se dice que es inexcusable porque en la Falta Tributaria, a diferencia del Delito, no se toma en consideración la conducta culposa o dolosa del infractor, sino tan solo su cumplimiento.

Podría afirmarse que las infracciones tributarias denominadas Faltas Tributarias se traducen en faltas al cumplimiento de la obligación de pago y a los deberes formales a cargo del sujeto pasivo, cuya consecuencia es una sanción que tiene por fin coadyuvar al cumplimiento voluntario. El Delito Tributario, por su parte, al igual que el delito penal, implica una acción antijurídica, culposa o dolosa, cuya consecuencia es una pena, que tiene por finalidad reprimir la conducta del delincuente y ejemplarizar ante los demás miembros de la sociedad.”

Clasificación de las infracciones tributarias

El artículo 203 del CT dispone que “Las infracciones se clasifican en faltas tributarias y en delitos tributarios.”

Delitos tributarios: consiste en engañar a la Administración Tributaria con el fin de reducir o eliminar el pago de impuestos. El delito tributario se rige por las normas de la Ley Penal Común, y disposiciones del Código Tributario. Estos son:

·         Defraudación tributaria

·         Elaboración y comercio clandestino

·         Fabricación y falsificación de valores fiscales”

Sin dudas, el delito de defraudación tributaria es el más común entre las tipologías que dispone el Código Tributario.

Defraudación tributaria

Sujeto activo	El contribuyente
Sujeto pasivo	La Administración Tributaria
Tipo objetivo	que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.
Tipo subjetivo	Dolo (conocimiento y voluntad para realizar el tipo objetivo)
Pena	Multa de dos (2) a diez (10) veces el importe del tributo defraudado, sin perjuicio de las penas privativas de libertad que puedan aplicarse. Prisión de seis días a dos años. Comiso de los bienes materiales objeto de la infracción o utilizados para cometerla. Clausura de establecimiento. Suspensión y destitución de cargo público. Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. Pérdidas de concesiones, privilegios, franquicias e incentivos.  Cancelación de licencias, permisos e inscripción en registros públicos. Cuando no se pueda determinar el monto de la defraudación, se sancionará con multa de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos.

 

¿En cuáles casos se configura la defraudación tributaria?

El artículo 237 del CT (1992), dispone que “son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

 2. Emplear mercancías o productos beneficiados por exoneraciones o franquicias en fines o por poseedores distintos de los que corresponde según la exención o franquicia. 3. Ocultar mercancías o efectos gravados, siempre que el hecho no configure contrabando o hacer aparecer como nacionalizadas mercancías introducidas temporalmente. 4. Hacer circular, como comerciante, fabricante o importador, productos sin el timbre o el marbete que deban llevar.  5. Violar una clausura o medidas de control dispuestas por el órgano tributario competente y la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenidas en poder del infractor en virtud de medidas conservatorias.  6. No ingresar dentro de los plazos prescritos, las cantidades retenidas o percibidas por tributos.”

Un análisis desde la teoría del delito de las conductas que dispone el artículo 237, podemos identificar que: el sujeto activo (Contribuyente), sujeto pasivo (Administración Tributaria), tipo objetivo (las conductas descritas en los 6 numerales), tipo subjetivo (Dolo (conocimiento y voluntad para realizar el tipo objetivo), y la pena (multa de dos hasta diez veces el importe del tributo evadido, sin perjuicio de las penas privativas de libertad que pudiere aplicarse, comiso de las mercancías o productos y de los vehículos y demás elementos utilizados para la comisión de la defraudación cuando sus propietarios fuesen partícipes en la infracción, clausura del local o establecimiento del infractor o donde se hubiere cometido la infracción, por un máximo de 2 meses, y cancelación de licencia, permisos relacionados con la actividad desarrollada por el infractor, por un máximo de 6 meses.

Elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos

Sujeto activo	El contribuyente
Sujeto pasivo	La Administración Tributaria
Tipo objetivo	Elaborar productos sujetos a impuestos sin obtener los permisos exigidos;  Elaborar productos con permiso, pero con equipos que la Administración Tributaria desconozca o cuya modificación haya sido efectuada sin su autorización; Elaborar productos con materias primas distintas a las autorizadas; Elaborar, comercializar, hacer circular o transportar clandestinamente dentro del territorio nacional productos o mercancías que no hayan pagado los impuestos correspondientes;  Alterar, destruir o adulterar productos, o modificar las características de mercancías o efectos gravados, así como su ocultación, retiro indebido, cambio de destino o falsa indicación de su procedencia; Destruir, romper o abrir una cerradura o sello puesto en un almacén, depósito, alambique o en cualquier forma de alcanzar el contenido de éstos sin tener la autorización requerida.
Tipo subjetivo	Dolo (conocimiento y voluntad para realizar el tipo objetivo)
Pena	Multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos. · Prisión de seis (6) días a dos (2) años, o ambas penas a la vez Comiso de los bienes materiales objeto de la infracción o utilizados para cometerla.   Clausura del local o establecimiento por un plazo no mayor de dos (2) meses  Cancelación de licencias, permisos e inscripción en registros públicos. Cancelación de licencias, permisos e inscripción en registros públicos. Cuando no se pueda determinar el monto de la defraudación, se sancionará con multa de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos.

 

Fabricación y falsificación de especies o valores fiscales

Sujeto activo	El contribuyente
Sujeto pasivo	La Administración Tributaria
Tipo objetivo	Falsifique, lave o utilice indebidamente: sellos, estampillas, timbres, papel sellado, marbetes, calcomanías, o los fabrique in la autorización legal correspondiente.   Imprima, grave o manufacture sin autorización legal: matrices, clichés, placas, tarjetas, troqueles, estampillas, ellos, marbetes, calcomanías u otras especies o valores fiscales. Altere o modifique en su valor o sus características, leyenda o clase: sellos, estampillas, marbetes, calcomanías u otras formas valoradas o numeradas.
Tipo subjetivo	Dolo (conocimiento y voluntad para realizar el tipo objetivo)
Pena	los infractores se les aplicarán las mismas sanciones de treinta (30) hasta cien (100) salarios mínimos

 

Faltas tributarias

Las faltas tributarias: en su portal la Dirección General de Impuestos Internos considera que “se aplican las disposiciones del Código Tributario, no se requiere que exista culpa dolo para su configuración. La sanción de estas faltas es independiente de la responsabilidad que pueda surgir de una determinada conducta constitutiva de delito. Dichas faltas son:

·         Evasión

·         Mora

· Incumplimiento de deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros;

 

En cuanto a la evasión el artículo 248 del CT dispone que “incurre en evasión tributaria el que mediante acción u omisión que no constituya otra de las infracciones de este capítulo produce o podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, el otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio al sujeto activo de la obligación tributaria.” Vásquez (2018) coloca de ejemplo de esta falta “cometer un error de “dedos” en una declaración de ITBIS. Un error material que haya llevado a poner un número o una cifra incorrecta. De igual forma un error o confusión de la casilla en que correspondía declarar una cifra.”

El artículo 251 del CT establece en lo referente a la mora que “incurre en la infracción de mora el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida al efecto.”

Incumplimiento de deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros: el artículo 254 enlista varias conductas que pueden dar al traste con la comisión de esta infracción.

 

 Bibliografía

·         Vásquez Castro, Yorlin Lisset. Derecho Tributario, Sustantivo y Administrativo, 2018, República Dominicana, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini.

·         Barnichta, Edgar. Derecho Tributario, Sustantivo y Administrativo, Tomo I, 2011, República Dominicana, Editora Centenario.

 

Leyes

·         Ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana, del año 1992.

·         Ley 168-21, Ley de Aduanas de la República Dominicana, del año 2021.

 

Página web visitada

·         https://dgii.gov.do/legislacion/Paginas/delitoTributario.aspx#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20es%20el%20Delito,y%20disposiciones%20del%20C%C3%B3digo%20Tributario. (consultada en fecha 15/02/2022, a las 5:35 pm)

Propuesta de Jonathan Baró al Consejo Superior del Ministerio Público

 

JONATHAN BARÓ

AL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO  

(2020-2023).

POR LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CARRERA

 El licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, actualmente Procurador General de Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, miembro de carrera del Ministerio Público desde el año 2006, está presentando su candidatura para representar a sus pares en el nivel de los Procuradores Generales de Cortes de Apelación, en el período 2020-2023.

 El magistrado es egresado cum laude de la carrera Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 2004.

Su ingreso al Ministerio Público se realizó luego de participar en el primer concurso de oposición para fiscalizadores en el año 2005. Posterior a eso, en 2006, fue designado fiscalizador en la fiscalía de la Provincia Dajabón.

En 2007 fue ascendido a procurador Fiscal Adjunto y trasladado a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde ocupó funciones en los departamentos de Falsificaciones, Persecución de Drogas y en el de Delitos contra la Propiedad. Además, fue director de las fiscalías barriales en la Zona Colonial, la Zona Universitaria y el ensanche La Paz.

Luego en el 2012 fue designado como el primer Director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas del Distrito Nacional. El 1 de mayo de 2013 fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación, y designado como primer Director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, cargo desempeñado hasta el 14 de noviembre de 2017. Desde noviembre 2017 hasta 2018, fue asignado a la Procuraduría Regional de San Cristóbal como responsable de litigar los casos de Ejecución de la Pena. Desde octubre de 2018, dirige la Procuraduría Regional de San Cristóbal.

Es coautor del estudio “Ministerio Público y la persecución penal de trata y tráfico de personas en República Dominicana, 2010-2011,” también del libro “El delito de trata de personas”, 2013, coautor de “Las políticas de persecución penal de los fenómenos criminales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, que fueron aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público mediante la Resolución núm. 008 de 2015. Es miembro del equipo encargado de la elaboración de los “Lineamientos operativos de investigación de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 2017, coautor del “Estudio del matrimonio infantil. Dimensión sustantiva en la República Dominicana”, 2018, coautor “Biblioteca Básica del Juez de Paz”, 2019, y miembro del equipo encargado de la creación e implementación del Tribunal de Tratamiento de Drogas en la República Dominicana, entre otros.

 

Es especialista en trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, derechos humanos, y en tribunales de tratamiento de drogas. Docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público desde el año 2007, y Docente Adjunto en la Escuela Nacional de la Judicatura a partir del 2011, responsable de varias asignaturas, a nivel de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como en el Instituto Superior de Defensa (INSUDE), desde el 2013.

Como valor agregado ha sido disertante a nivel nacional e internacional sobre la trata de personas. Tiene dominio básico de los idiomas inglés, francés y creole. Ha realizado múltiples cursos a nivel nacional e internacional.  

 Ha recibido reconocimientos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por la labor realizada para la erradicación de la trata de personas y la persecución del tráfico ilícito de migrantes en la República Dominicana.

 

 Dentro de nuestras propuestas están:

1)    Aprobación del Reglamento del Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones del Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 106, dispone la creación del Fondo de Retiro para los miembros del Ministerio Público como incentivo para promover la permanencia en el cargo y el retiro en condiciones de dignidad.

Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún reglamento que respalde la composición y funcionamiento del indicado fondo. Se hace necesario un marco normativo a esos fines que habilite los mecanismos para la administración del fondo, así como las condiciones y el procedimiento para otorgar este beneficio. Por eso desea someter el proyecto de reglamento que creará el “Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones para miembros del Ministerio Público”, una propuesta técnica, sostenible y realizable en la cual hemos trabajado durante algunos años.

Para concretarlo y ponerlo en ejecución contaremos con la asesoría de especialistas en el tema. Su propuesta contempla los siguientes tipos de pensiones: pensión facultativa por antigüedad; obligatoria por antigüedad de discapacidad, y pensión de sobrevivientes.

Es un abuso supeditar el retiro voluntario a la edad y no a los años de servicio, tomando en cuenta que la esperanza de vida en la República Dominicana es de 74.05 años (las mujeres tienen un 77.3 y los hombres 71).

El doctor Ramón Arístides Madera Arias, ex Procurador Adjunto, depositó una propuesta en septiembre de 2016, ante el despacho del Procurador General de la República, la que mejoraremos y debe servir de punto de partida para comenzar la discusión en ese sentido.

Entonces surge la interrogante: si me obligan a retirarme a los 65 años, ¿cuántos años me restan de vida según nuestra esperanza de vida?, solo seis, los cuales serán dedicados de manera segura a comprar medicamentos.

Una gran cantidad de miembros del Ministerio Público tienen más de 20 años en la administración pública y con 60 años de edad, o están próximos a cumplirlos, algunos están enfermos. Proponemos a través del Consejo Superior del Ministerio Público- solicitar el Poder Ejecutivo la pensión de dichos servidores públicos, y el mantenimiento del seguro de salud.

2)    Implementar políticas de persecución penal, para focalizar la acción penal de manera estratégica en base a los recursos con los que contamos y concentrarnos en los crímenes más lesivos para obtener mejores resultados en la persecución.

 

Para poder orientar los limitados recursos disponibles y realizar las tareas de persecución penal, el Ministerio Público debe optimizar, de manera estratégica, los resultados en base a la disponibilidad de materiales y de personal, siempre enfocando nuestras acciones a los hechos de mayor lesividad contra las personas y la sociedad; hechos propios de organizaciones criminales y procurar la desarticulación de los mercados ilícitos que catalizan delitos menores.

Por ello proponemos la creación e implementación de políticas de persecución penal por tipo de fenómeno criminal, tal y como lo hicimos cuando nos tocó dirigir la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y de esta manera dar respuestas particularizadas por tipos penales similares y orientadas por cuatro características básicas: a) estratégica, abortando el sistema de procesamiento de caso a caso, y focalizando la acción penal contra los delitos identificados como los más graves en sus respectivos contextos; b) operativizada, no se trata de planteamientos teóricos, sino de pura acción, enfocando cuáles son nuestros objetivos y cómo los vamos a alcanzar; c) planificada, con un proceso sencillo y lógico de análisis, diseño, ejecución y evaluación de resultados; y d) autoevaluable, que produzcan datos confiables que nos permitan autocriticar lo realizado para mejorar las prácticas y obtener cada vez mejores resultados.

 

Desde la creación del CSMP solo se han aprobado “Las Políticas de Persecución Penal de los Fenómenos Criminales: Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”, del cual somos coautores en su diseño.

       3)    Transparentar las decisiones del Consejo Superior del Ministerio Público.

 

Desde la creación del Consejo Superior del Ministerio Público, hemos exigido desde el año 2012, a nivel público y los espacios en los cuales interactuamos, que haya transparencia en las decisiones que se toman en el órgano de gobierno.

Nuestro compromiso es que todos los miembros del Ministerio Público conozcan las decisiones que se produzcan en el Consejo, ya sea que se publiquen en el sitio web o de lo contrario de manera personal, las publicaremos en nuestras redes sociales, y asumiremos todas las consecuencias. Cada decisión deberá contener las opiniones de nuestros consejeros a favor o en contra.

4)    Dotar de los recursos suficientes a las Procuradurías Regionales y otras dependencias.

Las Procuradurías Regionales tienen muchas responsabilidades, y salvo excepciones los recursos económicos y logísticos para poder realizar de manera eficiente el trabajo son escasos. Fondos operativos de 10, 15, 20 y 30 mil pesos para hacer frente a los compromisos. Proponemos el aumento de los fondos económicos, y que a cada Procuraduría Regional, se les provean los recursos suficientes, de conformidad con sus obligaciones. Es necesario la asignación fondos destinados para la investigación de casos, esto separado de los fondos operativos.

La creación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público en el año 2016, fue uno de los grandes aciertos del Ministerio Público, a través de la cooperación del FBI fue esencial su puesta en funcionamiento e implementación del programa de formación del personal que conforma actualmente la Unidad. Unos 41 profesionales, abogados, médicos, psicólogos y contadores, ingenieros industriales y de informática. Necesitamos fortalecer dicha Unidad, asignándoles más recursos logísticos y mejoramiento de las condiciones de sus miembros.  Consideramos como una prioridad relanzar dicha unidad y sacarles el mayor provecho a estos agentes, preparados para investigar los casos de criminalidad organizada.

5)    Velar de manera activa por la real protección y garantía del debido proceso en los casos de procedimientos sobre faltas disciplinarias.

La garantía y salvaguarda del debido proceso en materia disciplinaria, como en materia penal, se hacen necesarias a fin de que ofrezcan la oportunidad al miembro de la institución de responder respecto del hecho denunciado o actuación de oficio por este tipo de faltas, siempre que resulta inconcebible que quienes estamos llamados a respetar los derechos de personas imputadas penalmente, seamos los primeros a los que nos sean violados derechos y garantías al momento de ser objeto de una investigación por faltas en el ejercicio de su función. Es necesario la modificación del reglamento disciplinario, a los fines de que a través de este se respete el debido proceso. La inspectoría del Ministerio Público debe ser reforzada con más personal y recursos.

6)    Regular los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público, en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio.

En un sistema de carrera los movimientos y ascensos deben obedecer a criterios objetivos y necesidades del servicio. De esta manera lograremos incentivar y alentar a los miembros del Ministerio Público a la mejora continua, crecimiento profesional y a realizar con mayor calidad su labor.

Hasta el momento no se ha podido aplicar el Reglamento de carrera del Ministerio Público, el cual contiene las bases, requisitos y condiciones de los ascensos, designaciones y movimientos de carrera, teniendo como pilares la evaluación del desempeño en el trabajo, los méritos profesionales y académicos, la capacitación institucional y el tiempo en el servicio. Nos comprometemos a velar por el fiel cumplimiento de manera objetiva del Reglamento de Carrera, y que la evaluación del desempeño sea el resultado de la meritocracia.

7)    Fortalecer la jurisdicción de Niñas, Niños y Adolescentes.

Una de las dependencias del Ministerio Público que históricamente ha adolecido de recursos logísticos y de personal suficiente es la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, sus integrantes realizan un trabajo titánico en cada provincia del país. Es necesario proveerles los fondos necesarios para brindar mejores servicios a una población extremadamente vulnerable, más vehículos, materiales gastables, computadoras, personal administrativo, etc.

Si bien es cierto que la ley Orgánica del Ministerio Público no se refiere a la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes como un órgano operativo ni especial, sin embargo, sus miembros por la labor especializada que llevan a cabo necesitan ser tratados de manera igualitaria que sus pares de las fiscalías ordinarias.

Proponemos como una manera justa que las personas que ostenten titularidades de NNA, reciban los incentivos tal y como sucede con los fiscales ordinarios, en el pasado hemos trabajado bastante con estos colegas, conocemos sus necesidades y carencias, estamos dispuestos desde el CSMP, a canalizar de manera constante las mejoras para todos sus miembros.  

La mejor opción es Jonathan Baró

Durante el tiempo que forma parte del Ministerio Público, me he caracterizado por aportar al fortalecimiento de la Institucionalidad y de la Carrera del Ministerio Público, desde las aulas, foros, reclamos a través de grupos organizados de fiscales, con un trabajo ético, humano, responsable, apartidista, técnico y profesional, siempre asumiendo las consecuencias de sus decisiones. El propósito formar parte del CSMP, no es solo alcanzar una posición a nivel institucional, sino poder contribuir a concretizar los beneficios que nos corresponden desde la promulgación de la ley 78-03, y que luego fueron ampliados con la 133-11 (Bono vacacional, por desempeño, pago de vacaciones, y un salario competitivo).

Si bien es cierto, que aspiramos en el reglón de Procuradores de Corte, el objetivo es representar a cada uno de los miembros del Ministerio Público, desde los Fiscalizadores, Procuradores Fiscales, Procuradores de Corte, Procuradores Adjuntos, y personal administrativo.

 

“Por la Institucionalidad y la Carrera”

Jonathan Baró                           (809) 480-9484           jonathanbaro@gmail.com

@jonathanbaro